04 de mayo de 2012 - Promsex
El Estado peruano no dio cuenta de avances concretos para la vigencia del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres ni de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Vacíos y medias verdades se advirtieron en la rendición de cuentas que el Estado peruano dio al Comité que monitorea la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC). Las sesiones se llevaron a cabo en Ginebra el 2 y 3 de mayo.
La sesión empezó con una llamada de atención del experto relator de Perú (Mr. Dasgupta), quien señaló que el Estado peruano había respondido solo a 15 de las 32 preocupaciones planteadas por el Comité previamente, y que acababan de recibir un documento complementario que no pudo ser revisado.
Ante las diversas preguntas de los miembros del Comité DESC sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva, la representación oficial del Estado peruano liderada por el Ministro de Justicia Juan Jiménez Mayor, intentó justificar o minimizar las restricciones para la práctica del aborto legal, la prohibición de la distribución de la Anticoncepción Oral de Emergencia, el impacto de la penalización de las relaciones sexuales voluntarias con adolescentes, la discriminación y la violencia que afecta a las personas LGTB y la falta de justicia y reparación para las mujeres esterilizadas forzadamente en el gobierno de Alberto Fujimori.
Sobre el aborto terapéutico, en una actitud sorprendente e incoherente con la realidad, el Estado peruano afirmó que las mujeres pueden acceder sin restricciones a este servicio; de ahí que la propuesta de protocolo de aborto terapéutico que estaría en proceso de consulta, solo serviría para estandarizar este tipo de intervención a nivel nacional. Ante el requerimiento de información sobre el cumplimiento de los Dictámenes emitidos por el Comité de Derechos Humanos en el caso KL y el Comité CEDAW en el caso LC, guardó silencio sobre las otras obligaciones pendientes, diferentes al protocolo, que asegurarían el acceso real de todas las mujeres a este servicio.
Sobre las esterilizaciones forzadas, el Estado reconoció que su aplicación fue parte de una política estatal implementada entre los años 1996 y 2000, asimismo informó sobre la reapertura de la investigación impulsada por el Ministerio Público en octubre de 2011[1]. El Estado guardó silencio sobre la falta de implementación del Seguro Integral de Salud para las afectadas (D.S.006-2006/SA) así como la ausencia de las reparaciones integrales para las víctimas.
Sobre la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), el Estado reconoció que la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2009 constituía un retroceso e informó que actualmente está ormulando consultas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para demostrar que no tiene efectos abortivos y se pueda replantear el tema al Tribunal Constitucional. El Estado omitió señalar que hace un año y medio el Ministerio de Salud y el sistema de justicia no han adoptado ninguna medida para revertir la prohibición de la distribución de la AOE, por el contrario la proscripción se ha visto reforzada con una resolución del Poder Judicial.
Sobre la penalización de las relaciones sexuales voluntarias con adolescentes de 14 y menores de 18 años, el Estado peruano informó que los menores de edad no cometen delitos sino infracciones y que no van a centros penitenciarios sino a centros de rehabilitación. El Estado omitió dar información sobre los obstáculos que esta medida impone a los y las adolescentes en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y sobre los efectos adversos demostrados que han tenido en la salud y vida de esta población.
Sobre la discriminación por orientación sexual o identidad de género, el Estado afirmó que en el Perú no existe discriminación desde el aspecto jurídico, e inclusive es delito, sin embargo guardó silencio sobre la inacción del Estado peruano para que esta discriminación no se materialice en la realidad. No informó sobre medidas para garantizar DESC en las parejas del mismo sexo.
El Comité DESC emitirá sus recomendaciones finales al Estado peruano el próximo 18 de mayo, en horas de la tarde.
DEMUS, PROMSEX, Movimiento Manuela Ramos, Centro para los Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Federation of America y CLADEM Perú, han presentado informes alternativos al Comité DESC dando cuenta de los obstáculos que tienen las mujeres para ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva. Como instituciones comprometidas con los derechos humanos de las mujeres estarán atentas a las recomendaciones que el Comité DESC formule al Estado peruano y exigirán que éstas sean cumplidas para hacer realidad el ejercicio pleno del derecho a la salud sexual y reproductiva en el Perú.
[1] El proceso reabierto compromete a los ex ministros de salud del gobierno de Alberto Fujimori, entre ellos al actual congresista Alejando Aguinaga
El Estado peruano no dio cuenta de avances concretos para la vigencia del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres ni de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Vacíos y medias verdades se advirtieron en la rendición de cuentas que el Estado peruano dio al Comité que monitorea la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC). Las sesiones se llevaron a cabo en Ginebra el 2 y 3 de mayo.
La sesión empezó con una llamada de atención del experto relator de Perú (Mr. Dasgupta), quien señaló que el Estado peruano había respondido solo a 15 de las 32 preocupaciones planteadas por el Comité previamente, y que acababan de recibir un documento complementario que no pudo ser revisado.
Ante las diversas preguntas de los miembros del Comité DESC sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva, la representación oficial del Estado peruano liderada por el Ministro de Justicia Juan Jiménez Mayor, intentó justificar o minimizar las restricciones para la práctica del aborto legal, la prohibición de la distribución de la Anticoncepción Oral de Emergencia, el impacto de la penalización de las relaciones sexuales voluntarias con adolescentes, la discriminación y la violencia que afecta a las personas LGTB y la falta de justicia y reparación para las mujeres esterilizadas forzadamente en el gobierno de Alberto Fujimori.
Sobre el aborto terapéutico, en una actitud sorprendente e incoherente con la realidad, el Estado peruano afirmó que las mujeres pueden acceder sin restricciones a este servicio; de ahí que la propuesta de protocolo de aborto terapéutico que estaría en proceso de consulta, solo serviría para estandarizar este tipo de intervención a nivel nacional. Ante el requerimiento de información sobre el cumplimiento de los Dictámenes emitidos por el Comité de Derechos Humanos en el caso KL y el Comité CEDAW en el caso LC, guardó silencio sobre las otras obligaciones pendientes, diferentes al protocolo, que asegurarían el acceso real de todas las mujeres a este servicio.
Sobre las esterilizaciones forzadas, el Estado reconoció que su aplicación fue parte de una política estatal implementada entre los años 1996 y 2000, asimismo informó sobre la reapertura de la investigación impulsada por el Ministerio Público en octubre de 2011[1]. El Estado guardó silencio sobre la falta de implementación del Seguro Integral de Salud para las afectadas (D.S.006-2006/SA) así como la ausencia de las reparaciones integrales para las víctimas.
Sobre la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), el Estado reconoció que la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2009 constituía un retroceso e informó que actualmente está ormulando consultas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para demostrar que no tiene efectos abortivos y se pueda replantear el tema al Tribunal Constitucional. El Estado omitió señalar que hace un año y medio el Ministerio de Salud y el sistema de justicia no han adoptado ninguna medida para revertir la prohibición de la distribución de la AOE, por el contrario la proscripción se ha visto reforzada con una resolución del Poder Judicial.
Sobre la penalización de las relaciones sexuales voluntarias con adolescentes de 14 y menores de 18 años, el Estado peruano informó que los menores de edad no cometen delitos sino infracciones y que no van a centros penitenciarios sino a centros de rehabilitación. El Estado omitió dar información sobre los obstáculos que esta medida impone a los y las adolescentes en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y sobre los efectos adversos demostrados que han tenido en la salud y vida de esta población.
Sobre la discriminación por orientación sexual o identidad de género, el Estado afirmó que en el Perú no existe discriminación desde el aspecto jurídico, e inclusive es delito, sin embargo guardó silencio sobre la inacción del Estado peruano para que esta discriminación no se materialice en la realidad. No informó sobre medidas para garantizar DESC en las parejas del mismo sexo.
El Comité DESC emitirá sus recomendaciones finales al Estado peruano el próximo 18 de mayo, en horas de la tarde.
DEMUS, PROMSEX, Movimiento Manuela Ramos, Centro para los Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Federation of America y CLADEM Perú, han presentado informes alternativos al Comité DESC dando cuenta de los obstáculos que tienen las mujeres para ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva. Como instituciones comprometidas con los derechos humanos de las mujeres estarán atentas a las recomendaciones que el Comité DESC formule al Estado peruano y exigirán que éstas sean cumplidas para hacer realidad el ejercicio pleno del derecho a la salud sexual y reproductiva en el Perú.
[1] El proceso reabierto compromete a los ex ministros de salud del gobierno de Alberto Fujimori, entre ellos al actual congresista Alejando Aguinaga
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