miércoles, 15 de agosto de 2018

Se publicó el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial. Incluye enfoque de Género y establece que la policía no debe discriminar a personas LGBT


Se acaba de publicar el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial. Documento busca que los procedimientos y técnicas básicas de intervención policial se realicen en el marco del respeto a los Derechos Humanos.
Existen diferencias entre la restricción y la violación de los derechos humanos. La policía puede restringir los derechos humanos de los autores de delitos a fin de proteger a las víctimas. Por ello, no toda restricción o limitación de un derecho humano significa que se está violando dicho derecho.
La policía puede restringir o limitar los derechos humanos de los autores de delitos debido a que la libertad y los derechos de una persona no son absolutos, sino que terminan donde empieza la libertad y los derechos de otras personas. Pero esta restricción no debe ir más allá de lo estrictamente necesario para lograr el resultado buscado verificando el respeto de ciertas condiciones y límites.
Así lo establece el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 952-2018-IN, publicada hoy en la separata especial del martes 14 de agosto de 2018 del diario oficial El Peruano.
En el capitulo 1, Conceptos Fundamentales se establece que la primacía de la persona humana y sus derechos fundamentales es uno de los principios institucionales que orienta el ejercicio de las funciones y atribuciones de la Policía Nacional.
De acuerdo a este principio, la defensa y protección de la persona humana, el respeto a su dignidad y a las  garantías para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales tienen preeminencia en el ejercicio de la función policial y que para llevar a la práctica este principio se debe considerar los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad.
En el Capítulo IV : Víctimas y grupos en situación de vulnerabilidad, B. GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 6. Personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) se señala:
"Son personas que, debido a los prejuicios, estereotipos y estigmas sobre su orientación sexual o identidad de género, suelen ser discriminadas en diversos ámbitos de nuestra sociedad, como el laboral, político, cultural y hasta el familiar.
Esta situación las y los convierte en un grupo vulnerable y proclive a sufrir agresiones y ataques contra su vida e integridad, discriminación, insultos, exclusión y negación de derechos, no solo de parte de las autoridades o terceras personas sino incluso de su propia familia y entorno.
La policía además de tratar a estas personas con el mismo respeto que se brinda a cualquier otro ciudadano, deberá tener siempre presente lo siguiente:
- Evitar todo acto discriminatorio, cruel, humillante o degradante, de carácter sexual o no, que constituya un agravio a la dignidad o intimidad de la persona.
-Garantizar y respetar el derecho al libre disfrute del espacio público que comprende el ingreso y
permanencia a lugares públicos o el derecho a reunirse pacífi camente.
- Garantizar y reconocer el derecho a la libre expresión, asociación y reunión.
- Prestar auxilio inmediatamente cuando son víctimas de  agresiones, así como también registrar adecuada y oportunamente sus denuncias.

Pueden descargar el manual aquí:

viernes, 10 de agosto de 2018

Ministro de Educación se reunió con representantes de comunidad LGTBI



El martes pasado, el ministro de Educación, Daniel Alfaro y otras autoridades del sector recibieron a los representantes de la comunidad de personas LGTBI (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales) para escuchar su problemática y propuestas en educación.

El Minedu señaló que este encuentro forma parte de su política de puertas abiertas al diálogo, por la que también ha recibido a otros colectivos de la sociedad civil. “¡Escuchamos a todos!”, refirió el sector a través de un tuit.

En el encuentro se abordaron temas como el bullying homofóbico, la educación sexual integral, la violencia hacia las personas trans. También se habló sobre la capacitación de personal educativo y administrativo de los colegios para que tengan un abordaje adecuado sobre situaciones que involucren a personas LGTBI.

Participó el congresista Carlos Bruce y organizaciones como Promsex, la Red Peruana LGBT, MHOL, Féminas Perú y Dignidaes entre otras.

Durante la reunión, se manifestó la importancia del proceso de inclusión, así como el reconocimiento y respeto a los derechos humanos. También se hizo referencia al enfoque de género en el currículo escolar, cuyo futuro está en manos de la Corte Suprema del Poder Judicial.

Hay que recordar que esta reunión se da en medio de las demandas por erradicar todas las formas de violencia y por promover la igualdad de oportunidades. La comunidad LGTBI representa entre el 10% y 15% de la población nacional.

jueves, 9 de agosto de 2018

Corte Suprema de Costa Rica falla a favor del matrimonio homosexual y da 18 meses para que entre en vigencia

Activistas LGBT esperando  la resolución frente al
Tribunal Supremo en San José

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica votó el miércoles en la noche a favor de habilitar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. La Sala Constitucional del tribunal dio un plazo de 18 meses a la Asamblea Legislativa para que legisle sobre la figura. 

El tribunal celebró una extensa sesión para analizar dos recursos de inconstitucionalidad contra las normas que prohíben el matrimonio y las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. 

En ambos casos, la sala declaró que las leyes eran inconstitucionales, en consonancia con una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificada a Costa Rica en enero, explicó el magistrado Fernando Castillo en conferencia de prensa. 


En esa opinión, la Corte IDH estableció la obligatoriedad de que los estados firmantes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos tomen las medidas necesarias para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo en las mismas condiciones que entre parejas de distinto sexo. 

Los jueces abrieron además el miércoles un plazo de 18 meses para que sea la Asamblea Legislativa la que ajuste el marco jurídico costarricense, siguiendo el fallo de la CIDH, que contempla un plazo “para adecuar sus ordenamientos, interpretaciones y prácticas internos". 

“En consecuencia, se mantiene la vigencia del inciso 6 del numeral 14 del Código de Familia hasta por el citado plazo de 18 meses”, señaló el texto de la sentencia. 

Si la Asamblea Legislativa no logra concretar una regulación en esos 18 meses, automáticamente quedará habilitado el matrimonio entre homosexuales, ya que la sala dejó establecida claramente la inconstitucionalidad de la legislación actual, agregó Castillo. 

“Si el parlamento no actúa, de acuerdo con el voto, ese artículo (de Código de Familia) perdería vigencia, dejaría de existir, y si no hay prohibición, está autorizada la posibilidad que puedan contraer matrimonio (los homosexuales)”, explicó. 

El Tribunal ordenó a la Asamblea Legislativa adecuar “el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo”.

La Asamblea también podría asumir una “determinada figura por un periodo transitorio”, dijo Castillo.

La regulación del matrimonio entre personas del mismo pasa a la Asamblea Legislativa, que está enfrascada en la discusión de una reforma fiscal y tiene una mayoría de oposición conservadora.