Un comité del parlamento de Uganda podría aprobar en los próximos días un controvertido proyecto de ley que castigaría la homosexualidad hasta con la pena de muerte. Los activistas por los derechos humanos del país han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que todo el que quiera apoyarles firme una carta remitida al presidente de ugandés Museveni exigiendo que se comprometa públicamente a vetar la medida. Algunas voces aseguran que el debate, justo en este momento, es una cortina de humo para desviar la atención de las recientes manifestaciones por el alza del precio de los alimentos.
El proyecto de ley fue propuesto por primera vez en 2009, pero ha avanzado poco después de una tormenta de críticas llegadas de todas partes del mundo. La comisión encargada de estudiar la ya conocida como “Ley Mata al gay”, no ofreció hasta el pasado viernes su primera comunicación pública en 18 meses.
El autor del proyecto, David Bahati, diputado ugandés vinculado a la derecha religiosa estadounidense, aseguró el mes pasado que la pena de muerte era algo que empezaba a alejarse del texto final. Y es que, Bahati llevaba semanas presionando para conseguir que el Parlamento retomara la discusión del proyecto, después de que quedara congelado debido -en buena parte- a la presión internacional. Su objetivo era conseguir la aprobación antes de que el nuevo Parlamento tome posesión, es decir, durante el periodo legislativo “de rescate” que finaliza esta semana.
Finalmente Bahati ha conseguido que el proyecto haya sido discutido estos últimos días en un comité parlamentario, que debe decidir si darle vía libre o no. Uno de los patrocinadores del proyecto de ley, el pastor Martin Ssempa, dijo a la Comisión Jurídica y de Asuntos Parlamentarios el lunes que no es compatible con la pena de muerte, pero que, no obstante, los gays deben ser castigados con hasta siete años de prisión. "El Parlamento debe tener la oportunidad de discutir y aprobar la ley, porque la homosexualidad está matando a nuestra sociedad", dijo Ssempa.
Por el contrario, el obispo anglicano retirado Christopher Senyonjo, una de las voces del movimiento contra la homofobia en el país, afirmó que el proyecto de ley, lejos de frenar la homosexualidad, convertiría a Uganda en un estado policial y podría aumentar la propagación del VIH, debido al miedo que se apoderaría de los ugandeses gays a la hora de buscar tratamiento.
La homosexualidad es muy impopular en Uganda, y los pastores en este país cristiano han alzado la voz contra ella desde que empezó la andadura de este proyecto de ley. Los activistas aseguran que la homofobia está en aumento, y cada vez más homosexuales están siendo acosados debido a la atención de los medios y los mensajes de los líderes de la iglesia.
El proyecto de ley original exigiría una sentencia de muerte para los homosexuales activos que han contraido el VIH o en casos de "violación". Cualquier persona que "ayude, instigue, asesore o induzca a otro a participar de actos homosexuales" se enfrentaría a siete años de prisión. El proyecto también propone perseguir penalmente a personas u organizaciones que den cobertura a las personas homosexuales, lo que haría virtualmente imposible, por ejemplo, el trabajo de organizaciones de defensa de los derechos LGTB, y los propietarios que alquilan habitaciones o casas a los homosexualesse enfrentarían a siete años.
Algunas, todas o ninguna de estas disposiciones podrían cambiar durante las negociaciones en el parlamento. Senyonjo de hecho se muestra confiado en que dicho órgano parará el proyecto, y de no hacerlo, será el presidente quien aplique el veto. Eso es precisamente lo que solicitan los movimientos en defensa de los derechos humanos, que están haciendo circular a través de internet una carta que remitirán a Yoweri Museveni para exigirle que lo haga.
Según el portavoz de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la población LGTB, Cary Alan Johnson, “los gobiernos, los líderes del mundo religioso y político y los expertos en prevención del VIH han apelado a los parlamentarios de Uganda para expresar su disgusto y temor por las atroces consecuencias que puede tener esta ley, y exhortarles a hacer uso de su buen juicio”.
Según el portavoz de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la población LGTB, Cary Alan Johnson, “los gobiernos, los líderes del mundo religioso y político y los expertos en prevención del VIH han apelado a los parlamentarios de Uganda para expresar su disgusto y temor por las atroces consecuencias que puede tener esta ley, y exhortarles a hacer uso de su buen juicio”.
Según Johnson el proyecto se está debatiendo ahora para desviar la atención de las recientes manifestaciones por la subida del precio de los alimentos en Uganda que han sido acalladas mediante la represión policial. Human Rights Watch ha reclamado la apertura de una investigación independiente para esclarecer la muerte de al menos nueve personas desarmadas que fueron abatidas por las fuerzas de seguridad mientras participaban en las movilizaciones.
Una portavoz de la ONG en África, Maria Burnett, ha denunciado en un comunicado que las fuerzas ugandesas respondieron "con fuego real" contra "manifestantes pacíficos" e incluso personas ajenas a las marchas, tal y como ha podido confirmar la organización tras entrevistar a más de 60 personas, incluidos víctimas y familiares de fallecidos.
Una teoría, la de la cortina de humo, que respaldaría el hecho de que el propio Gobierno se mostrara hace pocas semanas reacio a discutir la ley. La ministra de Información, Kabakumba Masiko, daba a entender que no hay razones para aprobar una nueva ley destinada a criminalizar la homosexualidad, dado que la actual legislación considera ya que las relaciones homosexuales son ilegales. Las amenazas de retirada de la ayuda económica estadounidense a Uganda en el caso de que el proyecto se apruebe no parecían ajenos a dicho posicionamiento, pero detrás podría estar también la intención de acallar las protestas.
Una teoría, la de la cortina de humo, que respaldaría el hecho de que el propio Gobierno se mostrara hace pocas semanas reacio a discutir la ley. La ministra de Información, Kabakumba Masiko, daba a entender que no hay razones para aprobar una nueva ley destinada a criminalizar la homosexualidad, dado que la actual legislación considera ya que las relaciones homosexuales son ilegales. Las amenazas de retirada de la ayuda económica estadounidense a Uganda en el caso de que el proyecto se apruebe no parecían ajenos a dicho posicionamiento, pero detrás podría estar también la intención de acallar las protestas.
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