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El Tribunal Constitucional italiano deberá decidir sobre el asunto, después de que los tribunales de Ferrara, Venecia, Trento y Florencia recurrieran al Constitucional para que éste se pronunciara sobre la situación de dos parejas de homosexuales a las que se les denegó la posibilidad de casarse en sus respectivos ayuntamientos.
En un fragmento del recurso que han presentado ante el Constitucional, los magistrados afirman, según refiere el semanario "L'Espresso" en su última edición, que "privar a alguien de la posibilidad de fundar una familia en razón de la orientación sexual menoscaba su dignidad".
La cuestión ha despertado un enorme interés entre los colectivos de homosexuales del país, quienes esperan el dictamen de mañana como un primer paso para la legalización de sus uniones -algo que hasta ahora no ocurre-, y no tanto entre la opinión pública, en la que el devenir de las elecciones regionales del próximo fin de semana acapara una mayor atención en los medios de comunicación.
El recurso al Constitucional de la Justicia italiana, que fue apoyado el pasado domingo con una manifestación en Roma, forma parte de la campaña "Afirmación Civil", promovida por la asociación "Algunos derechos" y a la que se han sumado unas 30 parejas que han solicitado también a sus ayuntamientos su derecho a casarse.
"Esperamos con esperanza y confianza la decisión de la Corte Constitucional. Pase lo que pase, la asociación continuará con fuerza y determinación su lucha para superar las desigualdades y las discriminaciones, así como ha ocurrido en muchos países europeos y que gran parte de la política italiana, con raras excepciones, sigue ignorando", explica "Algunos derechos" en una nota.
Una de esas parejas que han recurrido a la Justicia contra la negativa que les dio su Ayuntamiento ha sido la formada por Matteo Pegoraro y Francesco Piombini, quienes luchan por que el Constitucional les reconozca un derecho que, dicen, "la Carta Magna garantiza a todos los italianos".
"En ninguna parte de la Constitución está escrito que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer, mientras que el artículo 3 es claro en materia de igualdad de los ciudadanos ante la ley", comenta, en este sentido, en un comunicado el secretario nacional del movimiento homosexual "Gaylib", Daniele Priori.
En el apartado de "Principios Fundamentales", en el artículo 3, la Constitución italiana de 1947, la vigente, reconoce la igualdad ante la ley y la dignidad social de todos los ciudadanos, sin distinción por razón de sexo, raza, religión, lengua, opiniones políticas, condiciones personales y sociales.
Ya en el Título II del texto, en el artículo 29, la República italiana "reconoce los derechos de la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio".
"El matrimonio se ordena en base a la igualdad moral y jurídica de los cónyuges, con los límites establecidos por la ley en garantía de la unidad familiar", prosigue la Carta Magna.
Hasta el momento, la cuestión del matrimonio gay, permitido en Holanda, España, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia y los estados estadounidenses de Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont y New Hampshire, no ha planteado un debate abierto entre las fuerzas políticas italianas representadas en el Parlamento.
En un fragmento del recurso que han presentado ante el Constitucional, los magistrados afirman, según refiere el semanario "L'Espresso" en su última edición, que "privar a alguien de la posibilidad de fundar una familia en razón de la orientación sexual menoscaba su dignidad".
La cuestión ha despertado un enorme interés entre los colectivos de homosexuales del país, quienes esperan el dictamen de mañana como un primer paso para la legalización de sus uniones -algo que hasta ahora no ocurre-, y no tanto entre la opinión pública, en la que el devenir de las elecciones regionales del próximo fin de semana acapara una mayor atención en los medios de comunicación.
El recurso al Constitucional de la Justicia italiana, que fue apoyado el pasado domingo con una manifestación en Roma, forma parte de la campaña "Afirmación Civil", promovida por la asociación "Algunos derechos" y a la que se han sumado unas 30 parejas que han solicitado también a sus ayuntamientos su derecho a casarse.
"Esperamos con esperanza y confianza la decisión de la Corte Constitucional. Pase lo que pase, la asociación continuará con fuerza y determinación su lucha para superar las desigualdades y las discriminaciones, así como ha ocurrido en muchos países europeos y que gran parte de la política italiana, con raras excepciones, sigue ignorando", explica "Algunos derechos" en una nota.
Una de esas parejas que han recurrido a la Justicia contra la negativa que les dio su Ayuntamiento ha sido la formada por Matteo Pegoraro y Francesco Piombini, quienes luchan por que el Constitucional les reconozca un derecho que, dicen, "la Carta Magna garantiza a todos los italianos".
"En ninguna parte de la Constitución está escrito que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer, mientras que el artículo 3 es claro en materia de igualdad de los ciudadanos ante la ley", comenta, en este sentido, en un comunicado el secretario nacional del movimiento homosexual "Gaylib", Daniele Priori.
En el apartado de "Principios Fundamentales", en el artículo 3, la Constitución italiana de 1947, la vigente, reconoce la igualdad ante la ley y la dignidad social de todos los ciudadanos, sin distinción por razón de sexo, raza, religión, lengua, opiniones políticas, condiciones personales y sociales.
Ya en el Título II del texto, en el artículo 29, la República italiana "reconoce los derechos de la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio".
"El matrimonio se ordena en base a la igualdad moral y jurídica de los cónyuges, con los límites establecidos por la ley en garantía de la unidad familiar", prosigue la Carta Magna.
Hasta el momento, la cuestión del matrimonio gay, permitido en Holanda, España, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia y los estados estadounidenses de Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont y New Hampshire, no ha planteado un debate abierto entre las fuerzas políticas italianas representadas en el Parlamento.
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