Sebastián Romero, edil de Chapinero. Foto: Jaiver Nieto / Cambio
"Chapinero no necesita comunistas rosados", fue la amenaza que recibió en plena campaña electoral local de 2007 uno de los seguidores de Juan Sebastián Romero, actual edil de esa localidad capitalina por el Polo Democrático Alternativo y activista por los derechos de los homosexuales. Romero, biólogo de 30 años, es miembro fundador del Polo de Rosa, un sector del Partido que concentra la población LGBT -lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas- y el único político abiertamente homosexual que ganó con 1.060 votos una curul en las pasadas elecciones en Bogotá.
La lucha contra los prejuicios y las no pocas agresiones verbales que el edil Romero y sus partidarios tuvieron que enfrentar mientras repartían volantes y hacían campaña en los alrededores de la calle 63, no son nuevas ni exclusivas de las calles capitalinas. Ese es precisamente el tema de la película Mi nombre es Harvey Milk, que cuenta la vida de un fotógrafo y activista gay que con la bandera de los derechos de los homosexuales ganó una elección en California. El filme, que se estrena este viernes en Colombia, es protagonizado por Sean Penn, quien ganó el Óscar a 'Mejor Actor' en la pasada entrega de los galardones de la Academia por su representación del concejal de San Francisco. Más allá del otro Óscar a 'Mejor Libreto', los 28 premios internacionales de cine y las 44 nominaciones, Mi nombre es Harvey Milk plasma esos momentos cruciales que experimentó el movimiento gay estadounidense en la segunda mitad de los años setenta y que marcó sus estrategias para las décadas venideras. Momentos que intentan con mucho esfuerzo reproducir un puñado de candidatos homosexuales, lesbianas y transgeneristas que se han lanzado a la arena política en años recientes y que en su inmensa mayoría han sido derrotados en las urnas. ¿Por qué hay tan pocos políticos abiertamente gays y con algún éxito electoral si Colombia ha acumulado en los últimos 16 años importantes logros en materia de derechos para los homosexuales? En otras palabras, si los derechos para la población LGBT hacen parte de la agenda legislativa del Congreso, de los programas de gobierno de las principales ciudades -Bogotá, Medellín y Cali- y de los temas de discusión de las más altas cortes de Justicia, ¿por qué "salir del clóset" es tan poco rentable en términos políticos?
Colombia es el país más avanzado de América Latina en materia de reconocimiento de derechos de los homosexuales. Desde la expedición de la Carta Política de 1991, el panorama de los derechos para los homosexuales cambió de manera drástica. Durante los años noventa, la tutela como instrumento para garantizar el amparo de los derechos fundamentales sirvió tanto para proteger a los homosexuales en casos puntuales de discriminación, como para empezar a construir una jurisprudencia que, poco a poco, se convirtió en ganancias para toda la población LGBT.
Una mirada a las sentencias de los casos considerados por la Corte Constitucional son elocuentes en cuanto al tipo de tutelas falladas en esos años: acceso a cupos, cambio de nombre (1993); publicidad de un beso en la Plaza de Bolívar (1994); homosexualidad en las Fuerzas Militares (1995) y el desfile de travestis en Neiva (2000), entre otros.
A partir de 1999 y a la par con las tutelas, organizaciones de defensa de los derechos LGBT como Colombia Diversa empezaron a desarrollar estrategias jurídicas más complejas que incluían acciones de constitucionalidad contra artículos de las más variadas leyes vigentes. En 2004, la Corte Constitucional discutió el régimen disciplinario de las Fuerzas Militares; en 2007, la afiliación al sistema de salud como beneficiario de la pareja gay y los derechos patrimoniales; en 2008, la seguridad social y la sustitución pensional para compañeros del mismo sexo. Y el pasado 27 de enero, mediante el fallo C-029 que modifica 42 disposiciones de 20 leyes (ver recuadro), el alto tribunal reconoció la igualdad de derechos entre parejas heterosexuales y del mismo sexo.
Este histórico fallo es un ejemplo de la sofisticación y el poder de convocatoria que las organizaciones que defienden los derechos de la población homosexual han alcanzado en su estrategia jurídica. La demanda de inconstitucionalidad detrás de la sentencia C-029 fue presentada el 28 de abril de 2008 por Colombia Diversa, el Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes con el respaldo de cerca de 30 grupos defensores de derechos humanos como la Comisión Colombiana de Juristas y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otros.
Y son precisamente estos logros, que ha alcanzado el movimiento por la defensa de los derechos LGBT por la vía de tutelas y demandas en estos 16 años, los que han llevado a Colombia a la vanguardia de los países latinoamericanos en estas materias. En términos prácticos y simbólicos, la agenda pendiente de los derechos de los homosexuales está reducida a la adopción y el matrimonio, temas espinosos en todo el mundo y hoy el único bastión que les queda a los opositores de la población LGBT. Hasta la Iglesia Católica colombiana ha terminado por respetar estos reconocimientos. Monseñor Fabián Marulanda, secretario de la Conferencia Episcopal, señaló ante el reciente fallo de la Corte Constitucional: "Está bien que se garanticen los derechos patrimoniales de las uniones homosexuales". Lo que la Iglesia no aceptaría son la adopción y el matrimonio de parejas del mismo sexo.
Estos avances se obtuvieron en los altos tribunales, con los argumentos del Derecho y la jurisprudencia, y sin necesidad de lanzar campañas electorales ni conseguir votos en la plaza pública. La vía jurídica no solo ha transformado de manera positiva la vida cotidiana de los homosexuales. También ha ayudado a consolidar un liderazgo técnico y organizativo de alto nivel intelectual y envidiable entrenamiento legal.
Si el balance en materia de demandas y tutelas es positivo, está en rojo en materia de leyes aprobadas por el Congreso y urnas. La experiencia de los activistas gays impulsando proyectos de ley en el Congreso no ha sido fructífera. En los últimos nueve años varios congresistas han presentado cinco proyectos de ley para reglamentar los derechos patrimoniales y de seguridad social de las parejas del mismo sexo. La senadora liberal Piedad Córdoba, por ejemplo, presentó los proyectos de ley 85 de 2001 y 43 de 2002 que no fueron siquiera debatidos, mientras que el 113 de 2004, con ponencia del entonces senador del Polo Carlos Gaviria, no fue aprobado.
El proyecto 130 de 2005, que fue iniciativa del entonces senador uribista Álvaro Araújo, ha sido el único que ha logrado surtir la totalidad de los cuatro debates parlamentarios. Además, su trámite fue acompañado de una amplia discusión pública en la que sentaron sus posiciones los actores políticos más importantes del país, incluido el propio presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, como resultado de una maniobra política, la iniciativa naufragó en la etapa de conciliación y simboliza la frustración del movimiento LGBT con los caminos parlamentarios para el avance en su agenda de derechos. A pesar de que en la actual legislatura fueron radicados varios proyectos que afectan a la población gay, como el de antidiscriminación de los senadores uribistas Armando Benedetti y Gina Parody, y el de los "crímenes de odio" del congresista del Polo Venus Silva, las perspectivas para que avancen sus respectivos trámites no son halagüeñas. En conclusión, como lo sentencia el informe de derechos humanos de 2007 de Colombia Diversa, "el movimiento de lesbianas, hombres gay, bisexuales y transgeneristas ha acudido sin éxito a la protección mínima de sus derechos por la vía parlamentaria".
La vía jurídica
Este bloqueo legislativo de las iniciativas pro-homosexuales pareciera confirmar que en Colombia no es políticamente rentable hacer explícita la orientación sexual. Las razones detrás son diversas. En primer lugar, tradicionalmente la actividad política ha mantenido la esfera privada por fuera del debate público. Mientras en otras democracias los valores familiares, morales y religiosos forman parte integral de los discursos, los políticos colombianos -y el cubrimiento de los medios de comunicación- han sido y son extremadamente respetuosos de la vida personal. Esto ha garantizado que los políticos homosexuales no sientan mayor presión ni incentivo para "salir del clóset". Al contrario, una manifestación pública de su orientación o, lo que es peor, hacer campaña con la identidad sexual, sería castigado.
Diversidad e ideología
Un segundo aspecto está relacionado con la propia población LGBT. A diferencia de otras minorías étnicas, sindicatos o grupos de interés, los homosexuales no pueden ser considerados un bloque confiable de votos para atraer en una campaña. Al contrario, los gays reflejan la heterogeneidad y diversidad del país en materia socioeconómica, ideológica y de intereses. Aunque haya un cálculo político legítimo detrás de algunos congresistas que apoyan proyectos de ley de derechos homosexuales, la traducción tangible en votos de esos apoyos no es muy directa.
En tercer lugar, tal como lo vivió la campaña del edil Romero, existen asuntos de seguridad, prejuicios y desconfianza en las capacidades de liderazgo público que desmotivan la llegada de más políticos abiertamente homosexuales a los cargos de elección popular. Si las barreras de entrada a la actividad política son de por sí altas, hacer campaña con un agenda pro-gay las eleva aún más. Por último, para muchos políticos homosexuales exitosos en otras latitudes, en especial los que han triunfado en cargos del Ejecutivo, la orientación sexual es un accesorio. Un ejemplo es Bertrand Delanoe, actual alcalde gay de París, más conocido por sus políticas de espacio público y promoción del transporte alternativo. También Sam Adams, alcalde homosexual de Portland, Oregon (Estados Unidos), quien impulsa temas ambientales y de sostenibilidad. En el caso colombiano, el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, ex alcalde de Tulúa y ex gobernador del Valle, y el homosexual abierto que más lejos ha llegado en cargos de elección popular, afirma que su condición no tiene relación con el apoyo que recibió de los votantes (ver entrevista).
Aun para los políticos gay, los derechos no pueden convertirse en la única agenda de su despacho. "Aunque el 60 por ciento de mis votos es de homosexuales, es necesario conectarse con una agenda que vaya más allá de eso", dice el edil Romero. No sorprende, entonces, que en una democracia como la colombiana con 268 congresistas, 32 gobernadores y alcaldes de ciudades capitales, 12.500 concejales y más de tres millones de homosexuales, el mayor elector LGBT abierto sea el edil Sebastián Romero con 1.060 votos en Chapinero.
'LOS PARTIDOS SON MÁS PACATOS QUE LAS MONJAS'
Gustavo Álvarez Gardeazábal
Escritor y panelista de 'La luciérnaga'
El ex alcalde de Tuluá y ex gobernador del Valle, dice que los políticos no salen del clóset por temor a que la verdad se les devuelva como un búmeran.
CAMBIO. ¿Qué opina del activismo gay de Colombia?
Gustavo Álvarez G. Me parece tan respetable como inoficioso y autosegregacionista.
¿Por qué cree que aquí no ha habido activismo gay con fines electorales como en Estados Unidos y otros países?
Porque la estructura política y electoral impide cada vez más hacerlo independientemente, y los partidos políticos son más pacatos que las monjas de la caridad.
Durante su campaña para la Alcaldía de Tuluá en el 98 su oponente quiso ganarle terreno señalando su homosexualismo...
Por eso en un discurso dije que me elegían para gobernar con la cabeza, no con el culo y de una vez me quité de encima ese 'sambenito'.
¿El hecho de ser homosexual afectó en algo su gestión en la Alcaldía o en la Gobernación?
No, por el contrario, me hizo ganar el respeto absoluto de mis gobernados y, por qué no decirlo, el respaldo en situaciones difíciles. Finalmente, el impacto de un marica con cojones resultaba atrayente.
¿Entonces por qué cree que los gays no utilizan su condición para hacer política?
Porque la gran mayoría de los políticos gay no han sido capaces de salir del clóset. Temen que decir la verdad se les devuelva como un búmeran.
¿Qué tan difícil es salir del clóset?
Basta solamente encontrar las llaves o que alguien se las preste.
SENTENCIAS SOBRE LA POBLACIÓN LGBT
Estos son algunos de los recientes fallos más trascendentales de la Corte Constitucional que ponen a la legislación colombiana como una de las más avanzadas de América Latina.
C-075/07. Derechos patrimoniales.C-336/07. Afiliación a salud como beneficiario de compañero permanente homosexual.
C-811/08. Sustitución pensional del compañero permanente del mismo sexo.
C-798/08. Deber y derecho de alimentos entre compañeros y compañeras permanentes del mismo sexo.
T-856/07. Afiliación de la pareja del mismo sexo a sistema de salud.
T-856/07. Seguridad social a las parejas gay.
C-029 de 2009. Más de 28 leyes demandadas para reconocer otros derechos políticos, cívicos y patrimoniales a parejas del mismo sexo.
Fuente: Colombia Diversa
1 comentario:
¡Muchas felicidades! Excelente reportaje sobre los avances jurídicos y los pendientes en torno a la diversidad sexual y disidencia sexogenérica en Colombia. Acá en México, los logros son mínimos y todavía tenemos muchos pendientes, recientemente conseguí un libro de la Pontificia Universidad Javeriana, de Colombia, titulado Cuerpos y diversidad sexual. Aportes para la igualdad y el reconocimiento. Y quedé gratamente sorprendido sobre la reflexión en materia de derecho que aportan los y las académicas de esta universidad jesuita. Les mando saludos desde la capital mexicana. Mi nombre es Ernesto Reséndiz Oikión, estudio literatura en la UNAM, y seguido recibo su excelente resúmen de noticias, que su agencia elabora.
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