Terra Magazine - 13 de agosto de 2009Este jueves, once colectivos que promueven la diversidad sexual marcharan hasta a la Asamblea Nacional de Venezuela, en Caracas, para pedir "el reconocimiento pleno de nuestros derechos a la igualdad, equidad y libertad, sin excusas, sin retardos, en todas las leyes venezolanas".
La movilización pedirá además que el Ministerio Público designe un grupo de fiscales que investiguen los llamados crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, y que el Código Penal castigue la "homolesbotransfobia".
"Dicen que hemos avanzado, que ahora sí podemos marchar (por el día del Orgullo), con mucha lentejuela, peluca y tacones, pero en la vida diaria seguimos siendo maltratados y estigmatizados", comenta a Terra Magazine Yonathan Matheus, director de Venezuela Diversa, una de las organizaciones convocantes.
Según Matheus, en lo que va de año han sido asesinados siete transexuales en las calles de Caracas, por heridas de bala o de armas blancas. A él mismo, cuenta, lo golpeó la policía y lo detuvo por seis horas, hace un mes, por repartirles folletos preventivos.
"Si no develamos esto ante la sociedad, 'mira lo que padecemos, mira lo que tú me has convertido', la sociedad e instituciones no van a suponer que eso pasa", agrega Heisler Vaamonde.
Una década de historia
Entre esa primera vez que en Caracas hubo una marcha del Día del Orgullo Gay, en el año 2000, y ahora, ha habido en Venezuela un importante camino recorrido por los colectivos de lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, intersex y bisexuales, en términos de organización y autorreconocimiento público como personas que exigen reivindicaciones de sus derechos humanos.
Pero el marco legal y jurídico venezolano todavía no soporta este avance. "Estamos en la cola de América y el mundo¿, dice a Terra Magazine Tamara Adrián, abogada, profesora universitaria y activa defensora de la "sexodiversidad" aquí y en el exterior. Mientras en el continente y en Europa la legislación condena la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y algunos países reconocen los matrimonios o uniones de convivencia en parejas del mismo sexo y el derecho a la identidad de personas transexuales (incluso sin que esto esté supeditado a una cirugía genital), en Venezuela apenas un artículo del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo prohíbe la discriminación por orientación sexual en el ambiente laboral.
La Constitución, en su artículo 21, no permite "discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona", pero no es clara sobre el tema. La organización Unión Afirmativa de Venezuela le pidió en 2003 al Tribunal Supremo de Justicia un recurso de interpretación de este artículo. Cinco años más tarde, el tribunal les respondió que, como está, el artículo 21 proscribe la discriminación incluso por la orientación sexual, y declaró que a la Asamblea Nacional corresponde decidir sobre nuevas leyes en la materia.
La propia Adrián ha esperado también un lustro para que este tribunal se pronuncie sobre su petición de "autodeterminación informativa": decidir qué datos personales aparecen en el registro público. Hasta ahora, todas las gestiones legales de su vida debe hacerlas con su viejo nombre masculino
Así, estas minorías -que según cifras que ellos manejan representan entre 5% y 12% de los más de los cerca de 28 millones de habitantes de Venezuela- no gozan plenamente de expresiones básicos tan simples como la expresión de cariño a su pareja en público, y derechos tan fundamentales como la educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad social, repartición de bienes, derivados del no reconocimiento de la identidad y la no protección de las parejas del mismo sexo, dice Adrián.
"No estamos en la cola, estamos en el último pelito de la cola", ironiza Heisler Vaamonde, del Bloque Socialista Unido de Liberación Homosexual, quien milita en el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). "Desafortunadamente nuestro proceso revolucionario ha quedado encerrado en sus contradicciones. Chávez tiene la voluntad política de abrir brechas a favor todos los sectores sociales, pero otra cosa es el legislador, el magistrado, el andamiaje político social", comenta a Terra Magazine.
Proyecto de Ley
Hay un proyecto de Ley para la Equidad e Igualdad de Género que ya fue aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional, que reconoce la igualdad ante la ley de los LGTTIB (siglas de los distintos grupos como lesbisnas, gays, travestis, etc.), introduce conceptos de género, equidad y discriminación y protege derechos a la identidad sexual y de género.
La diputada por el PSUV, Romelia Matute, con el apoyo de los activistas, solicitó este año en la Comisión de Familia, Mujer y Juventud que se incluyera un artículo que reconoce las asociaciones de convivencia entre personas del mismo sexo (con derechos patrimoniales similares a los de las uniones de hecho), el derecho a la identidad de los transexuales según su imagen física (un nombre que legalmente normalice su cotidianidad) y la protección de su derecho a intervenciones quirúrgicas para el cambio de sexo. La petición fue rechazada por cuatro parlamentarios contra tres y una ausencia. La marcha de hoy exigirá también que este artículo sea incluido en el proyecto.
"Los grupos de católicos y evangélicos se movieron más, hubo bastante presión, mientras por parte de los interesados faltó movimiento. Pero falta la plenaria (para la segunda discusión y aprobación). Sigo defendiendo mi propuesta", dice Matute a Terra Magazine.
"Las organizaciones no contamos con recursos económicos para hacer campañas. No tenemos la maquinaria ni política económica que tienen los grupos poderosos. Y el Estado sólo nos quiere apoyar para proyectos de VIH-sida", responde Yonathan Matheus.
De acuerdo con Tamara Adrián, de la presidencia de la comisión parlamentaria salió este año un nuevo articulado, del que ella tiene una copia, con un título distinto: Proyecto de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Mujeres y Hombres, con lo cual el concepto de género sería "sólo binario, es un concepto meramente biológico" y no reconocería "la protección a la sexodiversidad", aunque en su artículo 11 admite que todos tienen acceso a la salud, incluso para "tratamientos psicológicos y hormonales relativos a la identidad de género".
La diputada Matute dice que lo que hay son "puras propuestas" y que "hay consenso" para que se apruebe el título como está, pero con la palabra igualdad antes de equidad (de género). Lo que no tiene claro es cuándo se aprobará la ley. "Está en la agenda legislativa de este año, pero hay como 30 leyes en cola. Hay otras de muchísima urgencia que afectan a muchísimas personas".
Hay por lo menos siete grupos venezolanos en la red social Facebook en contra de una posible unión entre parejas del mismo sexo, y que rechazan la propia ley.
"No es la ley de los hombres la que va a determinar la procedencia o no de la ley natural. La humanidad debe adaptarse a las leyes de su propia naturaleza o resignarse a desaparecer como especie (...)", dice la presentación del grupo que creó Eber Uzcátegui, llamado "No a la legalización del matrimonio entre homosexuales".
Uzcátegui, operador de radio en el estado andino de Trujillo que profesa la religión evangélica, dice a Terra Magazine que hubo una reunión de emergencia en su confraternidad por el proyecto de ley. "Eso se presta a una interpretación muy amplia. Había uno que hablaba sobre igualdad de géneros, que abarcaba el matrimonio entre homosexuales y que no los privaba de manifestar su inclinación sexual sea cual fuere. Eso podría significar entonces tener sexo con niños o animales, o, por ejemplo, si yo tengo una hija de 15 años y a una muchacha lesbiana le gusta mi hija, no puedo prohibirles porque ella me podría demandar. No es cuestión de repudiar la homosexualidad, pero en las leyes tal cual como están ahora no se castiga la homosexualidad. Están bien".
