Ante la repudiable decisión de la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, de promover un régimen disciplinario al interior de la Policía Nacional del Perú (PNP), que evidencia una cuestionable intromisión a la privacidad de los y las ciudadanas que integran esta institución, se confirma una vez más la existencia de una política discriminatoria hacia las prácticas homosexuales definidas como infracciones que atentan contra la supuesta “buena” imagen de la PNP.
Ante la irresponsable aprobación, por parte del Congreso de la República, de la Ley del Régimen Disciplinario de la PNP, que viola el derecho a la dignidad humana y que promueve la penalización de la homosexualidad.
Este régimen disciplinario de la PNP, con claras evidencias de imponer un control de la vida privada y expresión sexual del personal policial vulnerando su libertad personal, contribuye a que repliquen y sus efectivos justifiquen la violencia, el abuso de autoridad y crímenes de odio contra personas cuya orientación sexual o identidad de genero son diferentes a la heterosexual.
En el Perú, cada cinco días muere una persona lesbiana, trans, gay o bisexual víctima de un crimen de odio. En el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliació n (CVR), se documenta -por primera vez- los asesinatos a personas trans, como parte de una política de “limpieza social”, que coincide con la búsqueda de lograr la llamada buena imagen de la institución, como en la época del fascismo en Alemania: ¿Cuántas personas más tenemos que morir, para ser reconocidas y reconocidos como ciudadanos de primera clase, con los mismos derechos?
Las organizaciones de lesbianas, trans, gays y bisexuales del Perú, las instituciones defensoras de derechos humanos y diversos movimientos sociales, exigimos la inmediata derogación de esta ley, pues atenta contra los derechos fundamentales de todos y todas las ciudadanas del Perú, evidenciando lamentables retrocesos en materia de derechos humanos, como ya quedó evidenciado en la negativa del gobierno a firmar la Declaración sobre Derechos Humanos “Orientación Sexual e Identidad de Género” del 18 de diciembre 2008, promovida por Francia y Holanda en la asamblea de las Naciones Unidas.
Finalmente exhortamos a la Defensoría del Pueblo y demás instituciones, cuyo mandato es promover y garantizar el respeto irrestricto de los derechos de todos y todas las ciudadanas, a pronunciarse, denunciar y demandar esta política discriminatoria que se suma a una serie de acciones que buscan consolidar, en nuestra sociedad, una cultura del odio impulsada por corrientes fundamentalistas.
Lima, 20 de mayo del 2009
