La violación y asesinato de Ámbar, una niña de 20 meses, por parte de la pareja de una tía que tenía su custodia legal, ha conmocionado a la sociedad chilena y avivado el debate sobre la pena de muerte y la discriminación ya que la niña pudo haber estado en la custodia de su tío, a quien se le negó esta posibilidad por ser gay..
El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, dijo en un acto por el 1º de Mayo en Santiago: “Nuestro Gobierno no está de brazos cruzados: Ya nos querellamos contra los responsables de este brutal asesinato”.
La tía biológica de la menor, que tenía la custodia, llevó a la pequeña el sábado por la noche a un centro médico para ser atendida por los golpes provocados, supuestamente, por una caída de la cama.
El equipo médico que la atendió en el Hospital San Camilo de la localidad cordillerana de Los Andes (70 km al norte de Santiago) concluyó que las lesiones que presentaba la pequeña se debían a una brutal agresión sexual y golpes.
Y es que todo apunta a que la pequeña Ámbar sufría un maltrato que su entorno ya conocía.
Así lo ha denunciado otro tío carnal de la niña, Ignacio Páez, que en su momento había luchado por conseguir la custodia de las dos hermanas. «Yo sabía que él no era un hombre competente para cuidarla porque era un hombre violento, y tengo testigos, tengo pruebas. Era violento con su mujer, alzaba la voz», ha declarado. Páez también asegura que tanto Ámbar como su hermana presentaban con frecuencia «moretones».
El tío de la niña está además convencido de que fue discriminado por su orientación sexual, ya que el Tribunal de Familia de Los Andes que entregó la custodia a su hermana le preguntó expresamente por ello. «Me hicieron discriminación, me tiraron a un lado por mi preferencia sexual (…) Ellos me preguntaron antes de la audiencia si era homosexual y yo dije que sí, dijeron que no había problema y después me salen con esto», añadía Páez, que seguirá luchando por la custodia de la hermana de Ámbar.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) ha solicitado ya a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, que se investigue la denuncia de Ignacio Páez, que considera «gravísima». «De ser efectiva implicaría que el proceso por la custodia además de cometer el fatal error de entregar la crianza a un hogar donde la niña corría peligro, fue apartada de un familiar que le pudo entregar amor y protección solo en virtud de prejuicios que, en este caso, vulneran derechos humanos básicos, así como el interés superior del niño», expresa este colectivo en una carta dirigida a Recabarren.
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